La firma de un contador público en los estados financieros implica que este profesional certifica que los mismos se han elaborado con fundamento en los libros de contabilidad y reflejan razonablemente la situación financiera de la entidad. Por ello, da fe pública en los términos del artículo 10° de la Ley 43 de 1990 y del artículo 37° de la Ley 222 de 1995.
Al no cumplirse el criterio relativo a la exposición a rendimientos variables, no se configura una situación de control en los términos de la NIIF 10, y por tanto, no procede la consolidación de estados financieros entre las entidades sin ánimo de lucro.
La transacción consultada representa un movimiento interno en el patrimonio de la entidad, en el cual las acciones propias en circulación son trasladadas a acciones en tesorería, quedando estas bajo disposición de la entidad conforme a las directrices emitidas por la Asamblea General de Accionistas.
La entidad reconocerá el deterioro del valor de los instrumentos financieros cuando exista evidencia objetiva de pérdida. El castigo contable procederá una vez se haya reconocido dicho deterioro y se cuente con evidencia suficiente de la irrecuperabilidad del instrumento financiero